La descentralización política, administrativa y fiscal que el Perú inició a comienzos de este siglo no fue un error ni una improvisación. Fue una decisión de Estado: acercar el poder público a la gente, trasladar competencias reales a los gobiernos regionales y locales, y hacer más eficiente la provisión de servicios públicos en todo el territorio.
Su objetivo fue —y sigue siendo— uno solo: que los servicios del Estado lleguen mejor, más rápido y con mayor calidad a las personas, allí donde viven.
La descentralización fiscal es la columna vertebral de ese proceso. Significa que los gobiernos subnacionales cuenten con recursos propios o con transferencias estables desde el nivel nacional, para administrar un presupuesto y responder a las necesidades de su población. Y sí: bien diseñada, la descentralización fiscal genera crecimiento económico, dinamiza los territorios y fortalece la institucionalidad pública.
El fondo del debate
Pero vayamos al fondo del debate.
¿La descentralización ha mejorado los servicios públicos? ¿Ha mejorado la calidad del gasto? ¿Debe eliminarse el nivel regional de gobierno?
Estas preguntas no son técnicas. Son profundamente políticas.
Durante años se ha instalado una narrativa centralista según la cual la descentralización fracasó. Que los servicios no llegan. Que los gobiernos regionales no sirven. Que la solución es recentralizar el gasto en salud y educación. Que hay que restringir aún más a las municipalidades porque son incapaces o corruptas.
Ese discurso no busca corregir la descentralización. Busca desmantelarla.
Y se equivoca de diagnóstico.
Descentralizar no es crear más oficinas. Descentralizar es cambiar la vida concreta de las personas.
Descentralización es que tus hijos puedan estudiar en tu propio departamento y recibir una educación de la misma calidad que en Lima.
Descentralización es que no tengas que viajar a la capital para una atención médica especializada, porque tu región cuenta con profesionales y equipamiento adecuados.
Descentralización es que tu territorio conozca, gestione y aproveche su propia capacidad económica.
Un ejemplo claro: Cusco
Tomemos un ejemplo claro: Cusco.
En esta región operan grandes empresas mineras, importantes cadenas hoteleras y de transporte ligadas al turismo, y también la empresa que explota el gas de Camisea. Sin embargo, la mayor parte de los tributos generados por estas actividades se declaran y se pagan en Lima.
Eso no es descentralización. Es centralismo fiscal.
Descentralizar implica sincerar el domicilio fiscal de las actividades económicas para conocer cuánto se recauda realmente en cada territorio. Y hacerlo no debilita el rol rector del Gobierno Nacional ni del Tesoro Público. Por el contrario, fortalece la gobernanza fiscal del país.
Pero descentralizar también es reconocer que no todos los territorios tienen la misma capacidad de generar ingresos. Por eso, los fondos de compensación no son un privilegio: son un instrumento de equidad territorial.
Descentralizar es generar predictibilidad. Es que los gobiernos regionales y locales puedan planificar su inversión y no vivir —como hoy— a la espera de transferencias de último momento que obligan a gastar mal, rápido y sin impacto.
Descentralizar, incluso, es una herramienta poderosa contra la informalidad. Cuando el ciudadano ve que sus impuestos regresan en servicios concretos en su propio territorio, entiende que cumplir sí vale la pena.
Por eso lo digo con claridad: la idea de que el Perú estaría mejor volviendo al modelo centralista es falsa. Con todos sus errores y limitaciones, la descentralización ha sido superior al esquema anterior.
El problema no es que descentralizamos. El problema es que lo hicimos a medias.
El verdadero reto
Hoy, el verdadero reto es político e institucional:
- consolidar claramente las competencias de cada nivel de gobierno;
- consolidar los ingresos fiscales de regiones y municipalidades para incentivar el esfuerzo recaudatorio y la buena programación presupuestal;
- reformar los sistemas administrativos con una mirada descentralista;
- reorganizar los gobiernos subnacionales para que la eficiencia sea un instrumento real de política pública;
- y fortalecer, de manera decidida, la meritocracia en el servicio civil territorial.
Sin un Estado fuerte en las regiones, no hay país integrado.
El corazón de la reforma: FONCOMUN y FONCOR
Si queremos que la descentralización funcione, debemos resolver su principal debilidad: la fragilidad de su financiamiento.
Por ello, planteamos una reforma estructural al Fondo de Compensación Municipal y al Fondo de Compensación Regional.
Los recursos del FONCOMUN y del FONCOR se consolidan como transferencias automáticas provenientes de dos puntos porcentuales del IGV, conforme al marco legal vigente, y se integran en un esquema estable de coparticipación fiscal entre:
- el Gobierno Nacional,
- los Gobiernos Regionales,
- y los Gobiernos Locales.
En términos simples: de los 18 puntos del IGV, se asignan 2 puntos para los gobiernos regionales y, de manera progresiva, 2 puntos para las municipalidades.
Esto no significa crear un nuevo impuesto ni debilitar la caja fiscal del Estado. Significa reordenar las fuentes de financiamiento del gasto subnacional.
Un uso moderno y responsable de los recursos
Los recursos consolidados del FONCOMUN y del FONCOR se destinan estrictamente a inversión pública, bajo un enfoque moderno de gestión.
Se autoriza expresamente su utilización en tres niveles, comenzando por un componente clave que hoy el sistema castiga: gasto corriente habilitante para la inversión.
Esto incluye:
- estudios de preinversión,
- expedientes técnicos,
- supervisión,
- gestión de proyectos,
- y operación inicial de la infraestructura.
No más proyectos paralizados por falta de gestión.
Este esquema no recorta recursos al Estado. Compensa y ordena las fuentes que hoy financian la inversión subnacional: recursos ordinarios, operaciones de crédito y parte de los recursos determinados.
La propuesta del plan de gobierno “Primero la gente”
Nuestra propuesta es directa y responsable: dar a los gobiernos regionales y locales una fuente estable, predecible y automática para invertir.
En materia de fuentes de financiamiento, planteamos consolidar el FONCOR y el FONCOMUN como el principal mecanismo de distribución equitativa, y avanzar hacia un esquema simplificado de solo tres grandes fuentes:
- una fuente consolidada de transferencias territoriales (FONCOR–FONCOMUN–recursos ordinarios),
- compensando gradualmente el uso de operaciones de crédito,
- y reorganizando los recursos determinados, como canon, regalías e impuestos prediales.
No se trata de quitar recursos a nadie. Se trata de ordenar el sistema para que funcione mejor.
De cerrar brechas a generar desarrollo
En el uso de los recursos, el cambio es aún más profundo.
Por supuesto que seguiremos cerrando brechas de infraestructura social: agua, salud, educación, carreteras.
Pero el Perú no puede seguir midiendo su política pública solo en número de obras.
Ahora debemos avanzar hacia: cierre de logros territoriales.
No solo más aulas, sino mejores aprendizajes. No solo más camas hospitalarias, sino menos anemia, menos mortalidad, mejor atención.
Y, de manera decidida, hacia inversiones productivas territoriales.
Es momento de cambiar el chip.
Si el Estado puede financiar infraestructura de riego para grandes empresas, también debe poder financiar establos, cadenas de frío, centros de acopio, plantas de transformación, plataformas logísticas e innovación productiva para pequeños productores.
La inversión pública no puede seguir siendo únicamente social. Debe ser también productiva.
Porque el verdadero desarrollo no se mide solo en obras. Se mide en ingresos para las familias, en empleo local, en cadenas productivas regionales y en territorios capaces de sostener su propio crecimiento.
Eso, y no otra cosa, es una descentralización fiscal auténtica.